La dura realidad del Parlamento y sus posibilidades de reforma

Los débiles cimientos de las instituciones democráticas en el Perú constituyen un tema recurrente de debate entre los integrantes de la clase dirigente, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Los reiterados intentos por levantar de los escombros la reputación de los tres poderes del Estado casi siempre colisionaron con firmes sistemas de dominio encasillados en un paradigma donde el mercado valía y vale más que el hombre.

Es ampliamente conocida la aptitud asumida por la élite gobernante respecto de empujar y acoplar al Perú al campo del derecho y la democracia occidentales, renunciando a un modelo de desarrollo propio y menoscabando los logros irrebatibles de otras democracias. Lo que más conviene a un país es abrirse al estudio de todas las nociones existentes de democracia y no limitarse al reconocimiento de una sola.

El producto de esta visión sesgada del estado de derecho y de la democracia ha originado lo que vemos hoy en día. Esta misma idea de democracia al estilo occidental no ha dado respuesta a las interrogantes que plantea una sociedad tan compleja como la peruana. La situación actual de incertidumbre y descontento  es el reflejo de las políticas aplicadas a lo largo de las últimas décadas, y que contrariamente a lo que se nos vendía, terminaron por estancar e incluso hacer retroceder al país. La confusión provocada por falsos lideres, lobistas locales e internacionales, agentes mediáticos del obscurantismo, el proceder mercantilista de los parlamentarios, la negativa a realizar reformas de los partidos políticos, entre otros factores, precipitaron el hundimiento  del incipiente sistema democrático peruano y de sus instituciones.

Y es que nadie se ha atrevido a golpear la columna vertebral de una mafia estatal respaldada por el poder militar, la jerarquía católica y los grupos económicos más poderosos. La manera de hacer política en el Perú aún no es desafiada por ninguna fuerza progresista bien articulada. El Parlamento no es ajeno a este contubernio, toda vez que ha sucumbido a un sistema caracterizado por arreglos bajo la mesa a las espaldas de los electores. En estas condiciones, la pérdida de legitimidad del poder legislativo y de sus representantes al traicionar las expectativas de los votantes e ir contra los intereses de éstos, es más que evidente.

En esa línea de pensamiento, el Congreso de la República de un tiempo a esta parte ha perdido representatividad toda vez que las demandas de los electores solo contadas veces fueron bien encausadas por los legisladores. Las consecuencias de esta práctica saltan a la vista: aprobación de leyes en beneficio de grupos de poder, fiscalización negociada que ampara la impunidad, normas con nombre propio orientadas a defender el oligopolio de los medios de comunicación, sumisión y apoyo a golpes de estado, transfuguismo, casos de corrupción, etc. Pero lo más grave no es el incumplimiento de la palabra empeñada sino la sistemática apuesta por una burocracia nefasta y una incompetencia alarmante en la gestión pública.

Ante la configuración de tan penoso cuadro, es urgente un replanteo de la gestión pública y de la democracia en el Perú, a partir de un compromiso serio entre el estado, la sociedad civil, la ciudadanía, el sector privado y los actores sociales, económicos y culturales del país. Un nuevo contrato social que reafirme ante todo y ante todos los derechos del ciudadano puede constituir el punto de partida de un viraje hacia la construcción de una democracia participativa y donde la toma de decisiones corresponda también al pueblo.

La puesta en marcha de reformas profundas en los partidos políticos implica que las bases organicen elecciones internas a fin de que la elección de cargos partidarios y de candidatos a los municipios, a los gobiernos regionales y a la presidencia de la República sea resultado del voto universal y secreto. Aplicando esta fórmula las elecciones por delegados y personajes afines a determinados grupos de interés dentro de un partido sería desterrada.

De igual modo, un Congreso y un gobernante a la altura de los desafíos ligados a la problemática nacional requieren del concurso de todas las fuerzas políticas para llegar a un consenso razonable y creíble. Está demás mencionar que ni el dominio absoluto de una sola fuerza política ni el bipartidismo han traído ni traerán consigo el desarrollo y el progreso a nuestro país. En ese marco, la toma de decisiones en lo sucesivo ha de ser conjunta y consensuada. Ciertamente el partido político que resulte ganador está facultado a liderar una concertación democrática reservándose el derecho (como es natural) de llevar a la práctica los lineamientos básicos de su plan de gobierno. Dicho esto, los aportes y eventuales mejoras a ese plan por parte de los partidos perdedores podrían ser implementados en las políticas del gobierno en aras del avance de nuestra sociedad y de un mayor grado de entendimiento entre concepciones distintas del país.

Afianzar la democracia va a depender de que las instituciones recuperen su prestigio y den muestras claras de enmienda con acciones concretas. La fortaleza de un Parlamento se asocia a su capacidad para plasmar en leyes los pedidos de un pueblo que reclama justicia y oportunidades de desarrollo. La tarea de identificar los problemas más álgidos de la comunidad y crear consenso en torno a éstos supone una alta dosis de responsabilidad y compromiso. El abandono y marginación en el que vive la gran mayoría de ciudades y distritos del Perú da cuenta, entre otras cosas, de un Congreso incompetente e insensible. ¿Podrá cambiar de rumbo el país a propósito de la llegada de un nuevo gobierno? el tiempo lo dirá, pero lo mínimo que podemos hacer, es reconocer que por primera vez los sectores más progresistas asumen responsabilidades de gobierno. Puede ser ésta una señal que augure la llegada de nuevos tiempos en la democracia peruana. No se trata de derribar a un gobierno que comienza ni de poner las manos al fuego por los nuevos dirigentes. Sencillamente albergo las esperanzas de que pueda abrirse una nueva era y que el primer ladrillo del edificio de la moralización democrática con participación plena de los ciudadanos sea colocado con valentía y decisión.

Para terminar quería destacar el papel crucial que ha de jugar el ciudadano de a pie en el rescate de las instituciones democráticas. No basta con apelar a la protesta para recordarles a los funcionarios corruptos y probos que también somos personas, sino que se torna imperativo movilizarse para transmitir cultura y conocimiento a los habitantes de las comunidades marginadas e ignoradas por los gobiernos de turno.  Cuando más gente tome conciencia de lo que realmente acontece en el país, los poderes fácticos como el Congreso entenderán al fin la razón de su existencia y por lógica la confianza en el buen funcionamiento del sistema democrático aumentará. Una sociedad bien educada siempre se constituye en una suerte de dique a los propósitos antidemocráticos de los ineptos y amorales.

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Acerca de belator1978

Periodista Internacional. Magíster con mención en Problemática Internacional. Especialista en conflictos armados y política exterior.
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